WASHINGTON — Lunes, 13 de julio de 2026. Una jueza federal de Estados Unidos determinó que la demanda que el presidente Donald Trump interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) buscó «manipular el proceso judicial» y fue presentada de mala fe, con un «propósito indebido».
En una extensa opinión de 56 páginas, la jueza de distrito Kathleen Williams cuestionó tanto la conducta del Departamento de Justicia —cuya respuesta, señaló, desatendió las políticas del propio departamento y posiblemente la ley— como la de los abogados privados que llevaron el caso en nombre del mandatario.
La magistrada anuló el acuerdo alcanzado en el litigio, al concluir que el Gobierno pactó una «transacción» que se apartó de su postura en casos similares, ignoró las normas internas y alcanzó objetivos que la ley no autorizaba e incluso prohibía expresamente. Ese acuerdo había derivado en el intento de crear un fondo, hoy desactivado, de 1,800 millones de dólares destinado a aliados del presidente.
Williams ordenó además sanciones para los abogados involucrados y dispuso remitir su fallo a los colegios de abogados de Nueva York y Washington, que ya examinan quejas éticas contra el fiscal general interino, Todd Blanche, y el fiscal general adjunto, Stanley Woodward. La demanda original, por 10,000 millones de dólares, fue presentada en enero: Trump acusaba al IRS de no haber evitado la filtración de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato.
