WASHINGTON — Lunes, 13 de julio de 2026. La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes una nueva ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI). El Departamento de Estado prometió una «respuesta de todo el gobierno» para «inhabilitar de manera sistemática» la capacidad de funcionamiento del tribunal, con sede en La Haya.
La campaña fue difundida a través de un comunicado oficial, un mensaje en video del secretario de Estado, Marco Rubio, y un artículo en el diario The Wall Street Journal. «Desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo, si es necesario», declaró Rubio.
Entre las medidas anunciadas figuran un mayor escrutinio a los países que reciben asistencia de Estados Unidos pero se niegan a rechazar lo que Washington considera la «falsa autoridad» de la corte, así como un incremento de las sanciones y vetos de viaje contra el personal del tribunal y las organizaciones afiliadas.
El anuncio se produjo después de que tres juezas de la CPI —Kimberly Prost (Canadá), Solomy Bossa (Uganda) y Reine Alapini-Gansou (Benín)— demandaran a la administración estadounidense ante un tribunal federal de Nueva York. Las magistradas, entre las ocho sancionadas por Washington, sostienen que las medidas buscan ejercer una presión extrajudicial para castigarlas y coaccionarlas. La CPI es el tribunal permanente encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, y Estados Unidos no forma parte de él.
