La Ciudad Juan Bosch, proyecto habitacional de viviendas dignas de bajo costo, fue iniciado el 18 de junio del 2014 en Santo Domingo Este por el gobierno del entonces presidente Danilo Medina, mediante una alianza público-privada. Fue una de las iniciativas impulsadas para reducir el déficit habitacional y democratizar el acceso a una vivienda propia.
El proyecto, concebido como un modelo de desarrollo urbano integral, contempló que el sector público aportara los terrenos, la infraestructura vial, de agua potable, sanitaria y eléctrica, así como los equipamientos sociales e institucionales: escuelas, centros de salud, destacamentos de policía y bomberos, parques, entre otros. Por su parte, el sector privado asumiría la construcción y venta de las viviendas, así como el desarrollo de las áreas comerciales.
Desde su origen, Ciudad Juan Bosch fue pensada como una comunidad moderna, segura, y equipada con todos los servicios esenciales: viviendas accesibles, centros educativos, canchas deportivas, parques infantiles, áreas comerciales, hospitales, huertos urbanos, transporte eficiente y servicios públicos garantizados.
El plan contemplaba unas 25,000 unidades habitacionales de dos y tres habitaciones, distribuidas en diez vecindarios desarrollados por fases. En 2016 se entregaron 600 apartamentos; en 2020 se habían construido 7,660 y para 2023 ya se alcanzaban las 13,112 unidades, con miles más en proceso de construcción.
El éxito inicial del proyecto lo posicionó como ejemplo de cómo construir viviendas asequibles y dignas en el país. Sin embargo, hoy en día muchos de sus residentes denuncian un creciente abandono por parte de las autoridades. La promesa de una ciudad segura, moderna y con servicios de calidad ha sido, en gran parte, incumplida.
La comunidad ha expresado su preocupación ante la deficiencia del transporte público, la falta de agua potable, apagones frecuentes, acumulación de basura, inseguridad y el colapso del sistema de drenaje pluvial. Estas quejas fueron confirmadas recientemente por Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD, tras una visita a la comunidad junto a una comisión del partido.
Hoy, las más de 45,000 personas que habitan en Ciudad Juan Bosch viven entre la frustración y la incertidumbre, debido al desorden creciente y la ineficiencia en la prestación de servicios básicos. Las autoridades competentes, a juicio de muchos residentes, han ignorado sus reclamos y han fallado en su responsabilidad de mantener un proyecto de alto contenido social.
Este abandono desconoce el principio de continuidad del Estado, fundamental para la estabilidad política y el desarrollo nacional. Las políticas públicas exitosas deben trascender los cambios de gobierno. Ciudad Juan Bosch fue una de esas buenas iniciativas, y es injustificable su deterioro.
Las quejas abundan: agua potable, transporte público, drenaje pluvial, recolección de basura, alumbrado, seguridad ciudadana, tránsito, energía eléctrica, servicio de internet, educación pública, salud y gestión institucional. La situación está cerca del colapso y no puede seguir siendo ignorada.
Este no es un asunto para politiquería ni mezquindad. El gobierno anterior dejó un legado importante con Ciudad Juan Bosch. Lo responsable sería continuar e impulsar esa visión de un modelo urbano sostenible, funcional, inclusivo, que genere empleo local, reduzca desplazamientos y ofrezca calidad de vida.
Ciudad Juan Bosch no debe seguir siendo sinónimo de abandono. Debe recuperar su visión original de ciudad segura, moderna y funcional. Ese objetivo solo se logrará si sus residentes, las organizaciones comunitarias y los actores políticos exigen con firmeza que las autoridades asuman su deber de garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad.
