Una gobernanza migratoria responsable, basada en las buenas prácticas, el respeto a las leyes y la protección de los derechos humanos, puede convertirse en un motor de progreso para las naciones. Bien gestionada, la migración contribuye a construir sociedades más seguras, economías dinámicas y comunidades cohesionadas, al tiempo que amplía las oportunidades de las personas.
En cambio, las sociedades que permiten o toleran los abusos contra los migrantes terminan enfrentando graves consecuencias. Los malos tratos, la discriminación y la exclusión alimentan las tensiones sociales, los discursos de odio, la xenofobia y los conflictos internos. También deterioran la imagen internacional de los Estados y generan cuestionamientos por posibles violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho.
Estas reflexiones cobran especial relevancia después del mensaje pastoral e institucional ofrecido por el papa León XIV durante su reciente visita apostólica a España. En sus intervenciones, el pontífice reclamó respeto a la dignidad humana, al derecho internacional y a la creación de vías seguras y legales para migrantes y refugiados.
Durante su histórica intervención ante los miembros del Parlamento español, la primera pronunciada por un papa en esa Cámara, León XIV recordó que toda persona debe ser reconocida como sujeto de derechos y deberes, sin importar su procedencia, condición económica, cultura o religión.
“Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, afirmó.
El pontífice advirtió que el drama migratorio interpela la conciencia de las naciones y los fundamentos éticos del orden internacional. A su juicio, se trata de una realidad que supera las interpretaciones exclusivamente demográficas o económicas, porque constituye una cuestión moral y jurídica.
León XIV también sostuvo que la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta centrada en las personas, capaz de afrontar las causas que las obligan a abandonar sus hogares y que vaya más allá de la simple administración de los flujos migratorios.
Su mensaje plantea una doble responsabilidad: ofrecer vías legales y seguras, acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, pero también trabajar para que ninguna persona tenga que abandonar su país por falta de paz, seguridad, oportunidades o condiciones dignas de vida.
La grandeza moral de una nación, expresó el papa, se manifiesta en su capacidad para acompañar, proteger y amar las vidas que atraviesan situaciones de mayor fragilidad. Por eso insistió en que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y reclamó el fortalecimiento de las operaciones de prevención, rescate y asistencia a las víctimas, mediante la cooperación regional y multilateral.
Cada Estado conserva el derecho soberano de establecer y aplicar sus leyes migratorias. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse respetando la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Defender la seguridad nacional y controlar las fronteras no debe significar recurrir a generalizaciones, estigmatizaciones o expresiones que promuevan el odio. Una sociedad democrática puede debatir con firmeza sobre migración, soberanía y seguridad sin degradar a quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.
La migración internacional ofrece importantes beneficios, pero también plantea desafíos que requieren respuestas responsables. Comprender y gestionar adecuadamente esos procesos en América y el resto del mundo resulta esencial para aprovechar sus oportunidades, reducir los conflictos y preservar la convivencia social.
Actualmente existen numerosos focos de desplazamiento forzado. Sudán continúa siendo la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo, mientras los conflictos y la inestabilidad en Ucrania, Myanmar, Venezuela, el Sahel africano, Colombia, Haití, Siria y otras regiones obligan a millones de personas a abandonar sus comunidades.
Las guerras, la persecución, la inseguridad, la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades y los efectos de la crisis climática forman parte de las principales causas de estos movimientos humanos y representan un enorme desafío para la gobernabilidad mundial.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al cierre de 2025 unas 117.8 millones de personas permanecían desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Esta cifra refleja la magnitud de una crisis humanitaria que demanda respuestas urgentes, coordinadas y solidarias.
Uno de los principales retos consiste en garantizar que la movilidad humana se produzca de manera segura, ordenada y regular, asegurando el acceso de los migrantes y refugiados a derechos, servicios básicos, protección y posibilidades reales de integración.
La respuesta no puede limitarse a levantar barreras o reforzar controles. También se necesitan políticas que impulsen la paz, reduzcan las desigualdades económicas, enfrenten los efectos del cambio climático y creen espacios de protección para las personas obligadas a desplazarse.
La defensa de la vida y de la integridad física de los migrantes constituye un principio fundamental de los derechos humanos y del derecho internacional. Fue una causa defendida por el papa Francisco y continúa siendo promovida por León XIV, quien ha insistido en que la migración debe ser abordada desde la dignidad humana, la justicia y la fraternidad entre los pueblos.
Las naciones tienen derecho a establecer sus políticas migratorias, pero ninguna ley, frontera o decisión administrativa puede justificar el desprecio por la vida humana. Detrás de cada cifra existe una persona, una familia y una historia marcada, muchas veces, por el miedo, la violencia y la necesidad de encontrar un lugar seguro donde comenzar nuevamente.
