El arancel de 12.5 % aplicado a productos dominicanos, vinculado a la exigencia de controles contra el trabajo forzoso, coloca al país ante una tarea que le corresponde resolver internamente: demostrar, con evidencia verificable, que su producción cumple los estándares laborales que rigen hoy el comercio internacional.
Ese cumplimiento no debería asumirse como una imposición externa. Fortalecer la trazabilidad laboral y los controles de origen conviene, ante todo, a los trabajadores dominicanos y a la reputación de las exportaciones nacionales, que compiten en mercados cada vez más exigentes en materia de derechos y de procedencia de las mercancías.
La tarea es concreta: auditorías creíbles, registros verificables y una respuesta técnica y oportuna a cada señalamiento. Un país que documenta bien lo que produce tiene la mejor herramienta para defender su comercio.
A la par, conviene diversificar mercados y agregar valor a lo que se exporta. Estados Unidos seguirá siendo el principal socio comercial de la República Dominicana, y precisamente por eso la relación se cuida con datos, orden interno y trabajo bien hecho.
