SANTO DOMINGO — Lunes, 8 de junio de 2026. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra dos hombres señalados como integrantes de una red de tráfico internacional de armas de fuego, desmantelada el pasado mes de mayo en un amplio operativo ejecutado en varias localidades del país.
La medida de coerción busca asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial mientras avanza la investigación que persigue identificar a los demás eslabones de la estructura, así como las rutas y los métodos utilizados para introducir armamento al territorio dominicano. Las autoridades han colocado el combate al tráfico de armas como una de las claves para frenar la violencia letal en el país.
El caso se inscribe en un esfuerzo más amplio de las instituciones de seguridad. El Ministerio de Interior y Policía anunció recientemente el programa «Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana», una estrategia que combina presencia policial, prevención social y coordinación interinstitucional en los territorios con mayores índices delictivos.
En el ámbito de la seguridad vial, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que hasta el 6 de junio había realizado 16,386 fiscalizaciones y retenido 1,292 vehículos pesados por diversas violaciones a la Ley 63-17, entre ellas circular con neumáticos en mal estado, transitar por el carril izquierdo o carecer de franjas reflectivas.
El despliegue simultáneo en frentes tan distintos —desde el tráfico de armas hasta la fiscalización del transporte de carga— refleja la apuesta oficial por una seguridad entendida de forma integral, en la que la prevención y la sanción avanzan en paralelo.
