Especialistas en derecho laboral advierten que el proyecto contiene disposiciones que redefinen condiciones de contratación, regulan nuevas modalidades de trabajo remoto e híbrido, y actualizan derechos y obligaciones en un mercado laboral que ha cambiado profundamente desde la última gran reforma al Código. El país tiene hoy una economía de servicios mucho más compleja, una generación de trabajadores jóvenes con expectativas distintas y una realidad post-pandemia que el texto vigente simplemente no contempla.
El proyecto continúa su camino en el Congreso Nacional en medio de presiones cruzadas: el sector empresarial exige garantías de competitividad, los sindicatos defienden conquistas históricas y el Gobierno busca posicionarse como árbitro de un acuerdo que beneficie a ambas partes. Lo que está claro es que los dominicanos —empleados y empleadores— merecen un debate que vaya más allá de un solo artículo.
