
La norma establece pautas diferenciadas por nivel: prohibición total en el Nivel Inicial para proteger el desarrollo temprano; restricción en Primaria; y un uso pedagógico regulado y supervisado en Secundaria. Además, queda totalmente prohibido grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo, lo que apunta directamente a frenar el ciberacoso y la humillación digital que tanto daño han causado en el entorno escolar en los últimos años.
El ministro De Camps fue directo: «La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención.» La medida llega en un momento en que países de todo el mundo, desde Francia hasta Australia, han tomado decisiones similares ante la evidencia científica del impacto negativo del uso excesivo de pantallas en la salud emocional y el rendimiento académico de niños y adolescentes. La comunidad educativa y las familias han expresado un amplio respaldo a la iniciativa.