Santo Domingo. – Tras un amplio proceso de diálogo y mediación, el Gobierno dominicano, representantes comunitarios de Cotuí y la empresa Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo amigable, satisfactorio y definitivo para avanzar en el proyecto de reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez.
El acuerdo fue posible gracias a la intermediación de la Iglesia Católica, representada por el obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, y del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. También participó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), encabezado por su titular, Joel Santos, quien destacó que este pacto representa un modelo de gestión participativa y minería inclusiva.
Reasentamiento integral con enfoque social
El proyecto contempla una inversión superior a RD$20 mil millones e incluye la provisión de viviendas dignas, acceso a servicios básicos (agua potable, saneamiento, salud, educación, electricidad, canchas deportivas, vías de acceso) y el fortalecimiento de medios de vida para las familias afectadas.
Se establecieron nuevos valores de reposición para seis cultivos y una matriz de compensación por tarea de tierra, así como el acompañamiento psicosocial para las familias, programas de generación de ingresos, alfabetización, fortalecimiento educativo y convivencia comunitaria.
Asimismo, se construirán instalaciones clave como una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, destacamento policial, mercado municipal, cementerio, estancia infantil, y el mejoramiento de la carretera Cotuí-Nuevos Horizontes.
Voces del consenso
“El acuerdo marca un nuevo capítulo en la relación entre el desarrollo minero y el bienestar de las comunidades. Reafirma que es posible avanzar con diálogo y respeto mutuo”, expresó el ministro Joel Santos, quien agradeció el rol mediador de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo.
Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, definió el acuerdo como parte de un proceso evolutivo y continuo e insistió en que su oficina y la Iglesia seguirán acompañando las próximas fases del proyecto para garantizar el respeto de los derechos comunitarios.
La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, destacó que el proceso de reasentamiento fue construido con base en la participación constante de las partes, siguiendo estándares de la normativa dominicana y de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
El vocero de los comunitarios, Martín Guzmán, calificó el acuerdo como positivo: “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”.
Participación institucional
En la firma estuvieron presentes, además, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y el director general de Minería, Rolando Muñoz.
El acuerdo libera el potencial de la expansión de la mina Pueblo Viejo, considerado uno de los proyectos estratégicos para la economía del país, y constituye un precedente en cuanto a gobernanza, transparencia y responsabilidad social en el sector minero.
