El mundo tecnológico pone en contexto los niveles de avance y desarrollo de
la sociedad. Con razón, la etiqueta de cuarta revolución industrial exhibe un
eslabón de singular importancia, impensable para los que concentraron los
esquemas del desarrollo a las tradicionales consideraciones que, por más de
cuatro siglos, determinaron la evolución de las naciones.
Ahora bien, las implicaciones no bien calculadas en el mundo de lo digital
abrieron las compuertas al uso incorrecto de una herramienta creada para
innovar y transformar. Por eso, los altos riesgos de la tecnología obligan a
prevenir y fiscalizar un recurso que, en manos expertas, puede ser fácilmente
utilizado para violar la ley.
En el país, las autoridades encargadas de promover el uso inteligente y útil del
fenómeno digital enfrentan los desafíos de reducir la brecha digital e impulsar
acciones institucionales que derroten el universal esquema de ciberdelitos. En el
terreno de los hechos, alrededor del mundo digital, la capacidad de sanción se
torna lenta ante la creatividad delictiva, provocando un dañino retardo de
impostergable solución. Y en ese sentido, el costo financiero de entidades del
sector privado y público resultan incalculables.
En la franja privada, la montaña de fraudes, desde llamadas hasta el robo de
identidad toca lo público, pero en el caso específico de la República
Dominicana, el sistema carcelario representa una lamentable fuente para
ejecutar barbaridades de toda índole, afectando sensiblemente a segmentos
importantes de la población. El hecho de que el 36% de los robos afecte a
celulares y el 90% de las llamadas fraudulentas se realicen desde cárceles revela
la magnitud de un fenómeno que exige inteligencia para ser enfrentado
Innegablemente, esas perturbaciones encontraron en la complicidad del sistema
carcelario la fuente de expansión de los delitos. Por eso, con el establecimiento
de bloqueadores de señal estamos colocando el primer componente de
importancia digital para impedir la enorme capacidad delictiva de algunos
privados de libertad.
En la senda opuesta, en silencio y terriblemente avergonzados por su condición
de timados, aumenta la cantidad de ciudadanos que ingresan a las estadísticas
de los ciberdelitos. De ahí, lo urgente de avanzar procurando soluciones
institucionales e invirtiendo recursos preventivos que puedan organizar un
esquema que persiga e impida los tentáculos de un fenómeno tan dañino y
distorsionador.
Más allá de las respuestas técnicas, como sociedad debemos convencernos de
la necesidad de priorizar la educación en habilidades digitales. Solo así
estaremos formando ciudadanos capaces de prevenir riesgos y aprovechar
plenamente el potencial transformador de la tecnología.
