SANTO DOMINGO — Martes, 18 de agosto de 2026. La República Dominicana se ha esforzado por mostrarse ante Washington como el aliado más confiable del Caribe, pero la respuesta económica ha ido en dirección contraria. La medida más reciente es un arancel de 12.5 % impuesto por Estados Unidos con el argumento de que el país no ha establecido ni aplicado de forma eficaz una prohibición contra la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.
El golpe no llega solo. En un informe difundido la semana pasada, Washington incluyó a la República Dominicana entre las rutas utilizadas para el transbordo de mercancía procedente de China con el fin de evadir aranceles o alterar de manera fraudulenta el origen de los productos. Antes hubo un arancel de 10 % y, en 2022, la prohibición de importar azúcar del Central Romana por denuncias de trabajo forzoso, sanción que solo fue levantada en junio del año pasado.
El contraste con la conducta dominicana es notorio. El Gobierno firmó en 2025 el acuerdo que permite a Estados Unidos usar la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas para operaciones antidrogas, aceptó recibir migrantes deportados de terceros países y ha acompañado las posiciones estadounidenses en la ONU y la OEA. «Nuestra relación con Estados Unidos es una relación muy especial», ha repetido el presidente Luis Abinader.
Los números tampoco respaldan el castigo. Como recordó el economista Jaime Aristy Escuder, el comercio bilateral bajo el DR-CAFTA deja un superávit superior a los cinco mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, de modo que, si alguien tuviera motivos para proteger su mercado, sería la economía dominicana. El país queda así en una posición incómoda: la de un socio leal que paga la factura de una política comercial que no distingue entre aliados y adversarios.
