El plan se sostiene sobre tres pilares que el Gobierno resume bajo el acrónimo FUERTE: fortaleza en seguridad, unidad nacional, estrategia de infraestructura, resiliencia económica, transformación territorial y estabilidad. En términos concretos, Frontera Fuerte incluye la pavimentación de corredores estratégicos que hoy son trochas de tierra, la modernización de los puestos de control con tecnología de última generación y la creación de un mercado binacional en Restauración, municipio de la provincia Dajabón, que operará en conjunto con la comunidad haitiana de Tilory. «La frontera constituye una prioridad nacional para nuestro gobierno», declaró Abinader durante la presentación del plan.
Las obras de conectividad avanzan a ritmo dispar según el tramo. El puente de Manzanillo registra un 95 por ciento de avance físico y podría inaugurarse en los próximos meses; el puente La Vigía alcanza el 40 por ciento de ejecución, y el puente Don Miguel, en la comunidad de Capotillo, provincia Dajabón, acumula un 20 por ciento de construcción. Estas estructuras son críticas para el comercio fronterizo formal, que el Gobierno pretende fortalecer como alternativa al contrabando y a los cruces irregulares que han caracterizado históricamente la zona.
El componente tecnológico del plan incluye la integración de las provincias Montecristi y Dajabón al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el 911, a partir del próximo 20 de junio. Con ello, dos de los departamentos más vulnerables de la frontera norte contarán por primera vez con respuesta de emergencia coordinada desde el sistema centralizado. La medida se interpreta también como una señal política hacia las comunidades fronterizas, que históricamente han denunciado su condición de abandono frente a la densidad del gasto y la inversión pública concentrada en los grandes centros urbanos del este del país.
El anuncio de Frontera Fuerte llega en un momento en que la inestabilidad en Haití continúa generando presión migratoria sobre el territorio dominicano, y mientras el debate sobre deportaciones y política migratoria se agudiza en el contexto político nacional. Para la oposición, el plan es un gesto de cara a la galería que no resuelve los problemas estructurales de la frontera; para el Gobierno, es la prueba más tangible de que administrar el límite con Haití exige tanto mano dura en seguridad como visión de desarrollo en el largo plazo.
