Santo Domingo, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lanzó este lunes una firme denuncia contra lo que calificó como una «ofensiva gubernamental» contra la libertad de expresión, señalando que varias iniciativas impulsadas por el gobierno del PRM podrían restringir el periodismo de investigación, silenciar las denuncias ciudadanas y fomentar la autocensura en los medios de comunicación.
La organización opositora puso la lupa sobre dos instrumentos legales: el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para agosto, y la Ley 1-26 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el PLD, ambos textos contienen figuras que amenazan no solo a periodistas y comunicadores, sino también a influencers y ciudadanos que ejerzan su derecho a la libre expresión en redes sociales y espacios públicos, con el riesgo de enfrentar prisión por sus publicaciones.
El partido planteó propuestas concretas: modificar los artículos del Código Penal que penalizan la expresión de opiniones, revisar los aspectos de la Ley 1-26 que podrían usarse para vigilar o intimidar a comunicadores, y someter cualquier nueva regulación sobre medios de comunicación a discusión previa en el Consejo Económico y Social (CES). Además, propuso eliminar la prisión como sanción por expresiones amparadas en el ejercicio de la libertad de prensa.
Voceros del PLD advirtieron que las iniciativas impulsadas por el gobierno del PRM «guardan similitud con los inicios de regímenes que posteriormente restringieron las libertades fundamentales», una acusación que el partido oficialista rechazó públicamente. El PRM respondió que los cambios legales responden a la necesidad de modernizar el marco jurídico y combatir la desinformación, no a limitar la prensa.
El debate cobra relevancia en un momento en que República Dominicana se ubica entre los países de América Latina con mayor espacio para la prensa, según índices internacionales de libertad de expresión. Organizaciones del sector periodístico siguen de cerca el proceso legislativo y han advertido que consultarán a sus bases antes de emitir una posición oficial sobre los textos cuestionados.
