CEUTA — Lunes, 3 de agosto de 2026. Una oleada migratoria sin precedentes sacude al exclave español de Ceuta y cuestiona los fundamentos de la política migratoria europea. Entre el jueves y el viernes, entre 50,000 y 60,000 personas cruzaron desde Marruecos hacia suelo español, la mayoría atravesando por mar el espigón del Tarajal. El saldo oficial del lado español es de 67 muertos; la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estima que las víctimas totales, contando el lado marroquí, superan las 130 personas.
La avalancha fue detonada por la propagación masiva en redes sociales de una sentencia del Tribunal Supremo español que muchos jóvenes marroquíes interpretaron, erróneamente según el gobierno de Madrid, como una apertura legal para cruzar. El presidente español, Pedro Sánchez, calificó el cruce masivo de «violación de la integridad territorial» de España y lo atribuyó a la desinformación difundida por traficantes de personas. La semana pasada, el propio Supremo había limitado las llamadas «devoluciones en caliente»: solo pueden aplicarse a quienes cruzan la valla terrestre, no a quienes llegan por mar, lo que generó una oleada de información distorsionada en las redes sociales.
La crisis desencadenó una respuesta inmediata en Europa. Italia suspendió temporalmente la aplicación del Tratado de Schengen para viajeros procedentes de España, y otros 21 países solicitaron una reunión urgente de ministros del Interior para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Estados Unidos elevó a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta. Mientras tanto, las fuerzas armadas españolas y la Policía Local intensifican batidas para localizar a los migrantes que permanecen en la ciudad, aunque el Ejército descartó cualquier posibilidad de regularización.
Con 67 muertos confirmados en Ceuta y la cifra potencialmente mucho mayor en el lado marroquí, la tragedia replantea con urgencia el debate sobre la gestión de las fronteras europeas y el destino de quienes arriesgan la vida en busca de una salida.
