Santo Domingo, 13 de mayo de 2026.- En medio de un intenso debate público, el Ministerio de Relaciones Exteriores salió a aclarar los alcances reales del memorando de entendimiento suscrito recientemente con los Estados Unidos bajo la iniciativa denominada Escudo de las Américas. La posición oficial es precisa: la República Dominicana no está aceptando refugiados. Lo que firmó el Gobierno fue un acuerdo para recibir temporalmente a personas que tienen una orden de deportación hacia un tercer país distinto al dominicano, y que Estados Unidos no puede deportar directamente.
Según explicaron asesores de la Cancillería, el mecanismo funciona así: Washington envía al país un listado de personas 48 horas antes de su traslado, y las autoridades dominicanas evalúan, caso por caso, a quiénes aceptan. El Gobierno no está obligado a justificar ninguna negativa. Una vez en el país, los migrantes permanecen en tránsito, en un alojamiento que por razones de seguridad no fue revelado, mientras se gestiona su retorno definitivo al país de origen o a cualquier otro donde se establezca que pueden permanecer. El plazo estimado de estadía oscila entre siete y sesenta días, según la complejidad logística de cada caso.
El acuerdo excluye expresamente a nacionales haitianos y a menores no acompañados, y tampoco se aceptarán personas de países cuya repatriación resulte logísticamente complicada. El límite es de no más de treinta personas por mes. Todos los gastos operativos corren a cargo de los Estados Unidos, con apoyo de programas de Naciones Unidas.
Las autoridades enfatizaron que el convenio es de naturaleza política, no jurídica, lo que significa que la República Dominicana puede modificarlo, suspenderlo o cancelarlo en cualquier momento sin ninguna consecuencia legal. A cambio, el Gobierno espera obtener mejores facilidades aeroportuarias y consideraciones migratorias para los ciudadanos dominicanos, además de colaboración estadounidense en materia de seguridad en la frontera con Haití. Sin embargo, voces como la del exjuez de la JCE Roberto Rosario han cuestionado la falta de transparencia con que se manejó la firma del convenio, calificando el proceso de opaco e insuficientemente consultado.
