Las declaraciones emitidas recientemente por el ministro de Defensa de Haití, Jean Michel Moïse, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en las que acusa a la República Dominicana de facilitar el ingreso de armas y drogas a territorio haitiano, constituyen una grave denuncia que merece, cuando menos, pruebas claras y verificables.
En un contexto tan delicado como el que vive la vecina nación, atribuir responsabilidades a terceros sin sustento documental no solo es injusto, sino que puede ser contraproducente para los esfuerzos regionales en busca de estabilidad.
El presidente Luis Abinader ha respondido con firmeza, pero con la moderación que demanda la diplomacia, al exigir que se presenten las evidencias correspondientes. Y no es para menos: culpar a la República Dominicana de fomentar la inseguridad haitiana, sin más respaldo que una declaración altisonante, no contribuye a la solución de un conflicto que, como bien ha reiterado el mandatario dominicano, es un problema regional.
La situación haitiana —marcada por el colapso institucional, la violencia de bandas armadas y una profunda crisis humanitaria— no puede seguir abordándose desde la irresponsabilidad. La comunidad internacional, y Haití en particular, tienen el deber de trabajar en conjunto, con propuestas concretas y acciones coordinadas, y no mediante la desinformación o el señalamiento sin fundamento.
República Dominicana ha reiterado su compromiso con la protección de sus fronteras, la defensa de su soberanía y, al mismo tiempo, ha manifestado su disposición a colaborar con los organismos multilaterales para contribuir, dentro de sus posibilidades, a la pacificación del vecino país.
Pero no puede ni debe cargar con culpas ajenas. Quien acusa, debe probar. Y en este caso, la exigencia de pruebas no es solo un asunto de dignidad nacional, sino de responsabilidad continental.
