Santo Domingo, Republica Dominicana.-Desde la creación de la nación dominicana, la corrupción ha sido una sombra persistente. Algunos afirman que llegó como una semilla traída por los colonizadores, y que con el paso del tiempo germinó con raíces tan profundas que hoy es difícil erradicar.
Gobiernos van y vienen, pero el problema se agrava cada día más, sin importar el partido que ocupe el Palacio Nacional. Todos, en campaña, prometen erradicar este flagelo; sin embargo, una vez instalados en el poder, se repite la historia: las sirenas del derroche y el desvío de fondos públicos comienzan a sonar.
El expresidente Joaquín Balaguer, del Partido Reformista, llegó a reconocer la existencia de la corrupción, aunque aseguraba que “se detenía en la puerta de su despacho”. Sus sucesores, en cambio, han preferido negar el problema mientras aseguran que en sus gestiones la corrupción no existe. Pero la realidad demuestra que pocos resisten una auditoría rigurosa.
Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estuvieron marcados por denuncias, sometimientos y condenas relacionadas con actos de corrupción.
Hoy, la actual administración del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también enfrenta cuestionamientos: denuncias de malversación de fondos y negocios de funcionarios con allegados ensombrecen la promesa de transparencia.
La República Dominicana y sus ciudadanos merecen un destino distinto. Los recursos que provienen de los impuestos, los préstamos internacionales y la colocación de bonos soberanos no pueden seguir siendo utilizados como botín de funcionarios desaprensivos que solo buscan enriquecerse.
Ya basta.
