SANTO DOMINGO — Miércoles, 17 de junio de 2026. Las cifras oficiales de criminalidad en la República Dominicana cuentan una historia que el Gobierno exhibe con orgullo, y con cierta razón. La tasa acumulada de homicidios ha descendido de manera sostenida: de 12.77 por cada cien mil habitantes en 2023 a apenas 7.30 en lo que va de 2026. Los robos han caído más de un 38 por ciento con respecto al año anterior. El Estado ha invertido en la Fuerza de Tarea Conjunta, en más patrullaje, en inteligencia. Los resultados son reales.
Pero la ciudadanía dominicana no siente que vive en un país más seguro. Y esa brecha entre el número y la percepción no es irracional ni caprichosa: es el reflejo de una verdad que las estadísticas de homicidios no capturan. El crimen dominicano ha mutado. Se ha vuelto más silencioso, más organizado y, en muchos sentidos, más peligroso.
La extorsión se ha convertido en una economía paralela que sangra a negocios pequeños, a transportistas, a comerciantes de barrio. No mata a primera vista, pero destruye. El Ministerio Público acaba de desmantelar en Santiago una red que extorsionaba a dominicanos residentes en Estados Unidos desde Jacagua. No eran improvisados. Eran profesionales del chantaje, con estructura, con listas, con jerarquía. Y operaban con tranquilidad.
Las redes de secuestro siguen activas. La Dirección Antisecuestro mantiene en lista de búsqueda a individuos que responden a apodos que ya suenan a organización criminal consolidada. El crimen no es ya solo el joven de una esquina con un arma: es una empresa con división de funciones, con rutas, con contactos transnacionales. Los Trinitarios, pandilla de origen dominicano, acaban de ser golpeados en Estados Unidos con 26 arrestos bajo la ley RICO, acusados de asesinatos, narcotráfico, secuestros y extorsión. Eso no es delincuencia juvenil. Es crimen organizado con vocación internacional.
La advertencia regional es clara. Haití colapsó en parte porque el Estado esperó demasiado para enfrentar a las pandillas cuando todavía era posible contenerlas. Honduras y El Salvador tardaron décadas en reaccionar, y el costo humano fue devastador. La República Dominicana tiene hoy lo que esos países no tuvieron: tiempo e instituciones que aún funcionan. Malgastar ese tiempo mirando solo las gráficas de homicidios sería un error histórico.
Este periódico reconoce los avances del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Pero urge que la estrategia evolucione al ritmo en que evoluciona el crimen. Reducir los homicidios es necesario; no es suficiente. La República Dominicana necesita una política de Estado —no solo policial, sino judicial, social y económica— que ataque las raíces del crimen organizado antes de que este eche raíces más profundas. El momento es ahora, cuando todavía hay margen para actuar.
