De los Santos explicó que el Congreso trabaja de forma acelerada para dar cumplimiento a los fallos en los que el TC ha declarado inconstitucionales disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano y ha exhortado al Poder Legislativo a introducir las modificaciones correspondientes en plazos definidos. Una de las sentencias más urgentes es la 0267/23, emitida el 18 de mayo de 2023, mediante la cual el TC declaró no conforme a la Constitución el artículo 767 del Código Civil dominicano y otorgó al Congreso un plazo de dos años para modificarlo, vencimiento que ya se aproxima.
El anuncio llega en un momento de particular presión institucional. El TC ha sido activo en los últimos años en su labor de control de constitucionalidad, lo que ha generado una lista creciente de mandatos legislativos que el Congreso no ha podido —o no ha querido— atender con la celeridad esperada. Organizaciones de la sociedad civil y juristas han señalado repetidamente que esta inacción crea un vacío normativo que afecta derechos ciudadanos.
De los Santos descartó que la emergencia climática vaya a paralizar la agenda legislativa y aseguró que ambas tareas —la respuesta a la crisis y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales— se atenderán de forma simultánea en las sesiones del período legislativo en curso.
