Por: Ricardo Rosario
Después de una serie de controversias entre los sectores industriales, sector agropecuario, importadores y el interés del poder ejecutivo de aprobar una ley transitoria que libera de aranceles a 67 productos de la canasta familiar, con la finalidad de enfrentar las alzas de precios.
Una vez promulgada la ley, se esperaba que productos como el pollo, aceites comestibles, habichuelas, ajo, derivados del trigo y materias primas para la industria, experimentarían rebajas sustanciosas que impactarían positivamente en el costo de los productos básicos.
La ley 6-22 del 26 de abril del año en curso, contempla que la comisión de las importaciones integradas por los Ministerios de Agricultura, Industria, Comercio y MIPYMES, Economía, Hacienda, además del Banco Agrícola, Dirección de Aduanas y el INESPRE, establezcan un reglamento para evitar que las importaciones afecten a los productores locales. Lo que a mí parecer ha originado un tranque que impedirá que esta ley, con una vigencia de seis meses comience a satisfacer las expectativas creadas.
Mientras esto ocurre, la libra de pollo fresco se vende entre 80 y 90 pesos, ni hablar de las partes como muslos, alas y pechugas, que han registrado alzas de hasta un 40 por ciento. Las carnes de cerdo y res también han subido en la misma proporción.
Los aceites comestibles también siguen en alzas, al igual que los condimentos, enlatados, lácteos, embutidos, pastas alimenticias, jugos, y golosinas, sin que podamos dar una respuesta positiva a la nación.
Entendemos que la comisión de las importaciones debe hablarle al país y explicar por qué aprobamos una ley de cero aranceles, si no somos capaces de su aplicación. La población merece una respuesta
