La jueza también dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción
Santo Domingo.– La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves una fianza de RD$50 millones contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, implicados en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el pasado 8 de abril y que dejó un saldo de más de 230 personas fallecidas y al menos 180 heridas.
Además del pago millonario como garantía económica, la magistrada ordenó presentación periódica e impedimento de salida del país para ambos imputados. La audiencia, que se prolongó por varias horas, concluyó pasadas la 1:30 de la madrugada de este jueves.
La decisión fue adoptada tras considerar los elementos presentados por el Ministerio Público, que solicitó medidas de coerción para garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial, además de resguardar los intereses de las víctimas y familiares afectados por el hecho.
Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, y Maribel Espaillat, quien fungía como gerente general del negocio, son señalados por las autoridades como responsables de operar el local sin cumplir con las normativas de seguridad estructural y de aforo. Según las investigaciones preliminares, el techo de la discoteca cedió durante una actividad con sobrecupo de personas, lo que provocó una tragedia sin precedentes en el país.
Los abogados defensores de los imputados alegaron que sus representados no actuaron con negligencia y que la tragedia fue resultado de un “evento imprevisible”. No obstante, el Ministerio Público argumentó que existía una responsabilidad directa por omisión y falta de medidas preventivas.
El caso ha generado gran conmoción nacional e internacional, al tratarse de uno de los incidentes más trágicos ocurridos en un establecimiento de entretenimiento en República Dominicana. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido justicia para las víctimas y un proceso transparente.
Miguel Valerio, abogado de los Espaillat, valoró como válida la medida, al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, dijo que apelará la decisión, porque, ya que entiende que la jueza no valoró el daño a la sociedad, «sobre todo, a 235 personas que murieron».
La próxima audiencia está prevista para las próximas semanas, cuando se conocerán nuevas evidencias y podrían sumarse otros implicados al proceso judicial.
