SANTO DOMINGO — Sábado, 27 de junio de 2026. El Senado aprobó de urgencia, en dos lecturas consecutivas, una reforma a la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos. La velocidad es, en sí misma, el problema: una normativa de hondo impacto económico y ambiental se votó sin estudios técnicos, sin consultas y sin un debate a la altura de su importancia. El rechazo ha sido inusualmente amplio, de los industriales y las zonas francas al comercio, el turismo y el propio Consejo Nacional de la Empresa Privada.
El contenido también enciende alarmas. Los críticos advierten alzas de hasta 1,000 % en las tarifas que pagan las empresas por sus residuos y, más preocupante aún, el artículo 130, que limita a un solo relleno sanitario autorizado por región: la receta perfecta para un monopolio disfrazado de «economía circular». Voces ambientales van más lejos y alertan que la reforma podría posponer el deber del Estado de velar por la salud de la población, en lo que califican como un «lavado de imagen verde».
En Puntualizando hemos defendido siempre que los residuos sólidos son una de las grandes deudas ambientales del país: vertederos a cielo abierto, cañadas convertidas en basureros, ríos y acuíferos contaminados. Y es precisamente porque el tema es tan serio que merece una ley seria, no una improvisada por la vía de urgencia. La buena política ambiental se construye con datos, consulta pública y rigor técnico, nunca con atajos legislativos.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados. Allí el país tiene la oportunidad de hacerlo bien: abrir un debate amplio y participativo, escuchar a la industria, a los ambientalistas, a los municipios y a la ciudadanía, y garantizar que la ley mejore de verdad la gestión de la basura sin crear monopolios ni aplazar la responsabilidad del Estado sobre la salud pública. Legislar los residuos con prisa es, al final, esconder el problema bajo la alfombra.
