El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha amenazado a las autoridades locales y estatales con llevarlas a juicio si no cooperan con las prometidas políticas migratorias del presidente Donald Trump, que incluyen la deportación de millones de migrantes en situación irregular.
Citando una cláusula constitucional sobre la división de poderes, el fiscal general interino, Emil Bove, dijo en un memorando que «la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración».
«El Departamento de Justicia investigará los incidentes que involucren cualquier conducta indebida para una posible acusación», añadió Bove en el memorando emitido el martes por la noche y publicado por los medios estadounidenses el miércoles.
Trump anunció restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos horas después de asumir el cargo, lo que incluye la proclamación de la emergencia nacional en la frontera con México y poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
Agencias
