La reciente denuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre el uso de los fondos obtenidos por la renegociación del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) vuelve a colocar en la mesa un tema crucial: la confianza ciudadana en la gestión del Estado.
Se trata de más de 44 mil millones de pesos que, según lo anunciado, debían destinarse a obras de infraestructura de alto impacto social, como nuevos puentes y hospitales. Sin embargo, gran parte de esos recursos fueron absorbidos por gasto corriente, subsidios y programas que no estaban contemplados en el compromiso inicial. La consecuencia inmediata es la postergación de proyectos que responden a necesidades reales y urgentes de la población.
La transparencia no es un concepto abstracto; es la base sobre la cual se construye la credibilidad de las instituciones. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan los fondos que provienen de acuerdos estratégicos y, sobre todo, a verlos materializados en obras que transformen la vida cotidiana. Cada puente que no se construye, cada unidad hospitalaria que no se inaugura, representa una promesa incumplida y una oportunidad perdida para el desarrollo nacional.
En tiempos de desconfianza política y de demandas sociales acumuladas, es vital que el Gobierno refuerce su compromiso con la rendición de cuentas. La confianza no se gana con discursos, sino con hechos.
Transparencia y cumplimiento deben dejar de ser consignas para convertirse en una práctica constante del Estado. Esa es la deuda pendiente con la ciudadanía.
