Cada 24 de abril, la República Dominicana se detiene —o debería detenerse— a recordar lo que ocurrió en 1965. No como un ejercicio nostálgico, sino como un acto de consciencia colectiva. Aquel movimiento constitucionalista que sacudió las calles de Santo Domingo no fue solo una revuelta militar ni un capítulo más de inestabilidad política. Fue el momento en que un pueblo decidió, con las armas y con el cuerpo, que la democracia valía la pena defenderla aunque costara la vida.
Sesenta y un años después, cabe preguntarse qué queda de ese espíritu. La respuesta incomoda. Queda mucho en los libros de historia, en los murales de Ciudad Nueva, en los nombres de avenidas y escuelas. Pero en la práctica política cotidiana, en la forma en que se ejercen y se disputan el poder, los ecos de aquella gesta parecen cada vez más lejanos.
Los constitucionalistas de 1965 murieron —o arriesgaron morir— por algo tan concreto como el retorno del orden constitucional. Hoy, paradójicamente, vivimos en un sistema que se llama constitucional y democrático, pero donde la ciudadanía siente que sus demandas no siempre llegan a quienes toman decisiones. La desconexión entre representantes y representados, la corrupción institucionalizada, la sensación de que las reglas se aplican de manera diferente según quién seas: todo eso es una traición silenciosa al legado de abril.
No digo que el sacrificio de aquella generación fue en vano. Digo que fue tan grande que nos obliga a estar a la altura. La Revolución de Abril no terminó el 3 de septiembre de 1965 con el Acta Institucional. Terminará cuando este país pueda decir, con honestidad, que construyó la república que aquellos hombres y mujeres soñaron. Todavía tenemos trabajo por hacer.
Milly Contreras es directora de Puntualizando Digital.
