La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reiteraron este lunes que la confabulación, o los acuerdos y concertaciones de ofertas entre proveedores en términos de precio puede acarrear multas de hasta 3 mil veces el salario mínimo.
Estas medidas también aplican para cualquier condición comercial en procesos de compras y contrataciones públicas, así como la repartición o asignación de ofertas en dichos procesos.
El artículo 5 de la Ley 42-08, sobre Defensa de la Competencia, también prevé que los actos de colusión en la presentación de ofertas pueden implicar la inhabilitación permanente del Registro de Proveedores del Estado (RPE), conforme el numeral 5) del artículo 66 y su numeral 3 del párrafo III de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, así como el numeral 3 del artículo
Asimismo, exhortaron a los distintos entes y órganos de la Administración Pública, a realizar la debida diligencia al momento de evaluar las ofertas así como activar mecanismos de alerta e identificación de posibles prácticas colusorias en materia de contratación pública para prevenir la comisión de prácticas que obstaculicen el uso eficiente de los fondos públicos.
