WASHINGTON — Miércoles, 5 de agosto de 2026. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra hoy una sesión extraordinaria para analizar la crisis política en Nicaragua, luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara el pasado 20 de julio la abolición del sistema electoral del país. Ortega argumentó que los comicios permiten a la oposición intentar «apoderarse del gobierno» y, en respuesta, prepara una reforma constitucional que solo permitiría elecciones con la exclusión de quienes el régimen califica de «terroristas y golpistas».
La decisión desató una condena internacional inmediata. Diez países del hemisferio —Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay— suscribieron una declaración conjunta exigiendo el respeto a las elecciones libres y transparentes en la nación centroamericana. El texto fue respaldado también por Estados Unidos, que calificó la medida de Ortega como «un quiebre sin precedentes con los principios democráticos interamericanos».
La OEA evalúa este miércoles posibles acciones diplomáticas contempladas en la Carta Democrática Interamericana, que incluye mecanismos que van desde gestiones diplomáticas hasta la suspensión del Estado miembro. La reunión convocada es la primera sesión extraordinaria que la organización dedica exclusivamente a Nicaragua desde 2021, cuando el régimen de Ortega realizó elecciones con todos los candidatos opositores presos o en el exilio.
Nicaragua atraviesa una de sus crisis políticas más agudas desde el retorno de Ortega al poder en 2007. Desde 2018, más de cuatrocientos mil nicaragüenses han abandonado el país, según cifras de organismos internacionales, y cientos de presos políticos permanecen en las cárceles del régimen. La comunidad internacional aguarda los resultados de la sesión de hoy para determinar los próximos pasos ante lo que múltiples gobiernos consideran el fin formal de la democracia en Nicaragua.
