MADRID — Un informe de la Policía Nacional española entregado a la juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso concluye que la entrada masiva de personas en Ceuta fue una operación planificada con participación directa de agentes marroquíes uniformados y de paisano, y que su propósito real no fue migratorio sino colapsar el control fronterizo español. El documento, cuya existencia reveló la prensa española el 1 de septiembre y que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció no haber conocido de manera previa, vincula la operación con las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
El informe sostiene que gendarmes marroquíes uniformados guiaban a las personas, acompañados de agentes de paisano que dirigían el operativo. Según el documento, la mayoría de quienes cruzaron regresó a Marruecos pocas horas después, lo que desmentiría la narrativa de una demanda de asilo o residencia. La Policía registró hasta ocho alertas previas sobre lo que se avecinaba y señaló en el informe que la crisis «no es un acontecimiento por generación espontánea».
La revelación desató este miércoles una ola de concentraciones masivas por toda España en rechazo a la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta. La juez Tardón, de la Audiencia Nacional, había pedido el 31 de julio un informe a la Policía Nacional y otro a la Guardia Civil para determinar si hay indicios de un delito contra la independencia del Estado. El Gobierno aseguró desconocer el informe y reclamó explicaciones; la Unión Europea prometió responder a lo que calificó de ataques híbridos.
Si las conclusiones policiales se confirman judicialmente, implicarían que un estado vecino habría operado de manera encubierta sobre territorio español, una acusación sin precedente en las relaciones entre ambos países y con implicaciones directas para la seguridad de los enclaves españoles en el norte de África.
