El recién designado obispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, se ha convertido en la voz más contundente dentro de la Iglesia Católica, al calificar el fallo como “desacertado” e “inconveniente”, alineándose con la postura ya expresada por la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).
Preocupación desde la Iglesia Católica
En declaraciones públicas, el obispo Morel Diplán manifestó su profunda inquietud por la sentencia, asegurando que el TC “debió ponderar mucho mejor el tema”.
A su juicio, al anular las disposiciones que sancionaban la “sodomía” en los códigos de justicia militar y policial, el tribunal está “abriendo puertas en instituciones importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad”.
El prelado insistió en que la medida envía “una mala señal para la sociedad”, advirtiendo sobre la necesidad de proteger la estructura familiar tradicional:
“Hay que cuidar y resguardar los valores familiares, la unidad entre el hombre y la mujer”, subrayó.
Incluso hizo referencia a precedentes que, en su opinión, muestran un abordaje “sutil” del tema, citando la boda entre dos hombres oficiada años atrás por el exembajador estadounidense James “Wally” Brewster.
Morel Diplán concluyó con un rechazo tajante a la sentencia:
“No veo conveniente esta decisión; es un paso desacertado del Tribunal Constitucional”.
Evangélicos elevan el tono y hablan de “aberración ética”
La postura del obispo católico se suma a la firme reacción de las entidades evangélicas, que han catalogado la sentencia TC/1225/25 como una amenaza directa a los valores sobre los que se sustenta la nación.
La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana calificó el fallo como una “aberración ética” y un “golpe a los principios morales, éticos y espirituales” del país.
Consideran la decisión inconstitucional por desconocer el marco valorativo de la Carta Magna y afirman que introducir estas prácticas en los cuerpos castrenses equivale a “quebrar la esencia misma del cuerpo militar y policial”.
Por su parte, el Codue, a través de su presidente Feliciano Lacen, sostuvo que el fallo representa “un atentado contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales”, alertando que podría establecer un “peligroso precedente” y acelerar un “proceso de erosión cultural”.
Ambas organizaciones instaron a las autoridades a revisar, revertir o dejar sin efecto la sentencia, argumentando que podría afectar el orden disciplinario y la moral dentro de las instituciones armadas, preocupación que coincide con los señalamientos del obispo Morel Diplán.
Qué anuló el Tribunal Constitucional
La sentencia declaró inconstitucionales:
-
Artículo 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional).
-
Artículo 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas).
Ambos sancionaban la “sodomía” —definida como concúbito entre personas del mismo sexo— con penas de prisión de dos meses a dos años.
El TC determinó que estas normas violaban el principio de razonabilidad y provocaban discriminación injustificada por orientación sexual, afectando derechos fundamentales como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo.
Voto disidente: la disciplina militar en debate
La sentencia no fue unánime.
La magistrada Eunisis Vásquez Acosta emitió un voto disidente en el que argumentó que los artículos anulados debieron ser analizados desde el régimen especial de disciplina militar, donde la restricción de ciertos derechos fundamentales se justifica por razones de cohesión y orden institucional.
Su postura, aunque jurídica, coincide indirectamente con la preocupación de las iglesias sobre el impacto disciplinario que podría generar el fallo dentro de los cuerpos castrenses.
