La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha revelado un documento crucial para la República Dominicana en la lucha contra la crisis climática. El estudio Estimación del precio social del carbono para la evaluación de la inversión pública en la República Dominicana aborda la estimación del precio social del carbono, una herramienta clave para evaluar la inversión pública en el país y cumplir con los compromisos climáticos internacionales.
La crisis climática y ecológica persiste como uno de los mayores desafíos del siglo. Con un aumento de la temperatura global según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), la República Dominicana, comprometida con la acción climática desde la firma del Acuerdo de París en 2015, busca cumplir metas ambiciosas de reducción de emisiones para 2030 con el uso de instrumentos normativos y económicos.
En este contexto, la importancia de incluir el precio social del carbono en el proceso de evaluación de las inversiones públicas radica en su capacidad para discernir entre inversiones altas y bajas en carbono. El documento revela que este precio sombra será de 26 dólares por tonelada de carbono para la República Dominicana, con estimaciones preliminares para 2025 y 2030.
El estudio explora diversas metodologías para calcular el precio social del carbono, destacando la elección del «Costo Social del Carbono» como la mejor alternativa para el país, considerando sus características y necesidades específicas.
El compromiso de la República Dominicana de reducir sus emisiones para 2030 implica una inversión significativa. El precio social del carbono no sólo mejora la eficiencia económica de las inversiones, sino que también puede ayudar a identificar proyectos susceptibles de recibir financiamiento climático, vital para implementar medidas de mitigación.
El documento destaca que, independientemente de la metodología, contar con un precio social del carbono a nivel nacional es positivo. Facilita la toma de decisiones informadas, eficientiza las inversiones y proporciona una herramienta costo-eficiente para la mitigación de emisiones.
Reconociendo la responsabilidad climática de todos los países, el estudio sugiere una señal de precio social del carbono, que podría incluso ser baja, pero con la planificación de aumentar gradualmente en el futuro. Recomienda actualizaciones periódicas, al menos cada cinco años, para mantenerse alineado con los avances científicos y los compromisos climáticos nacionales.
La implementación del precio social del carbono se presenta como una oportunidad para involucrar tanto al sector público como al privado en la acción climática y así avanzar en la coordinación con otras políticas climáticas para acceder a recursos que faciliten la aplicación temprana de medidas de mitigación. También se destaca la necesidad de coordinar políticas públicas, marcos normativos y financiamiento para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono.
La CEPAL, a través del Programa EUROCLIMA, ha respaldado este esfuerzo, brindando asistencia técnica al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Este estudio marca un hito en el camino hacia la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático en la región.
