SANTO DOMINGO — El Senado de la República aprobó de urgencia el miércoles, en dos sesiones consecutivas, un proyecto de ley que aplaza por 24 meses la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas contenido en el nuevo Código Penal, de modo que las empresas y demás organizaciones no responderían penalmente hasta el 5 de noviembre de 2028.
La iniciativa, sometida por el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia), presidente de la comisión de Justicia, modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, comenzarán a regir a los veinticuatro meses contados a partir del 5 de noviembre de 2026. Esa era la fecha en que debían entrar en vigencia según la reforma aprobada por el Congreso en julio, que había fijado un plazo de tres meses a partir del 5 de agosto.
Los considerandos del proyecto justifican la prórroga en la necesidad de un período razonable de planificación, formación y verificación, en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las asociaciones sin fines de lucro y otras entidades con capacidades técnicas y económicas limitadas. El texto dispone, además, que durante esos dos años el Estado promueva la capacitación de los operadores del sistema de justicia y oriente a las personas jurídicas sobre sus nuevas obligaciones.
El aplazamiento solo alcanza esos cuatro artículos; el resto del Código Penal, vigente desde agosto tras casi tres décadas de debate legislativo, sigue en aplicación. La pieza pasa ahora a la Cámara de Diputados, que tendría que aprobarla antes del 5 de noviembre para evitar que el régimen entre en vigor en la fecha prevista.
En la misma sesión, los senadores aprobaron de urgencia y convirtieron en ley la reforma a la Ley 339-22 sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial, una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia que hace de la tramitación digital la regla general, incorpora la firma digital, regula las audiencias virtuales y tipifica la falsificación digital conocida como «spoofing». Esa pieza fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
El Senado también aprobó en segunda lectura el proyecto que designa con el nombre de Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Samaná, que igualmente pasa a la Cámara baja.
