SANTO DOMINGO — El Ministerio Público anunció que recurrirá en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia con la que la Corte de Apelación del Distrito Nacional redujo las condenas en el caso Operación Gavilán, la red acusada de borrar y alterar antecedentes penales en las bases de datos de la Procuraduría General de la República.
Según la acusación, el órgano persecutor sostiene que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación hizo una «inadecuada interpretación de la ley» al acoger, total o parcialmente, los recursos de la defensa y modificar el fallo dictado en primera instancia por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En aquel fallo, emitido el año pasado, el tribunal condenó a diez años de prisión y a multas de cien salarios mínimos del sector público a Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño. Ahora, la alzada fijó para Peña Cedeño dos años de prisión, cumplidos bajo arresto domiciliario, y una multa de 40 mil pesos; para Medina Trinidad y Quezada Carmona, cinco años, con tres bajo arresto domiciliario y dos suspendidos bajo condiciones, además de la multa de cien salarios. Mercedes Gómez fue descargado.
La Corte advirtió a Medina Trinidad y a Quezada Carmona que, si incumplen las condiciones impuestas —residir en el domicilio informado, notificar cualquier cambio de dirección, no viajar al exterior y no portar armas—, deberán cumplir la totalidad de la pena suspendida.
Entre los demás implicados, las sentencias reportadas incluyen siete años para Mártires Rosario Reyes, ocho para Alfredo Mirambeaux y seis para Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco, con multas de cinco salarios mínimos. También se ordenó la disolución de la empresa Nexcon Tecnology, al amparo de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El tribunal de primera instancia dio por probado que los acusados accedieron de manera fraudulenta a los sistemas informáticos para eliminar o modificar registros, a cambio de dinero en efectivo, depósitos y transferencias, y que algunas de esas limpiezas sirvieron para obtener pasaportes y eludir controles fronterizos.
Con el recurso de casación, la última palabra sobre el alcance de las penas quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia.
