SANTO DOMINGO — miércoles, 22 de abril de 2026. Doce minutos. Eso duró la agonía de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura en Santiago, mientras una turba de motoconchistas lo perseguía por las calles de la ciudad hasta acorralarlo en el estacionamiento del Palacio de Justicia y quitarle la vida. Doce minutos que un vídeo, ya visto por millones de dominicanos, registró con escalofriante detalle. Doce minutos que este país tiene la obligación moral de no olvidar.
Lo ocurrido en Santiago no es un hecho aislado. Es la expresión más brutal de un problema estructural que llevamos décadas ignorando, minimizando, administrando. La República Dominicana tiene registradas 3.5 millones de motocicletas. De todos esos conductores, apenas 10,827 poseen licencia válida para manejar. Eso es el 0.3 por ciento. El 99.7 restante circula al margen de cualquier control, de cualquier responsabilidad, de cualquier consecuencia formal. Hemos construido, piedra por piedra, el escenario perfecto para que ocurra exactamente lo que ocurrió.
No se trata de criminalizar a los motoconchistas como sector. Son trabajadores que, en su inmensa mayoría, buscan el sustento diario en condiciones de precariedad extrema. El problema es el sistema que los sostiene: la impunidad que los rodea, la ausencia total de regulación efectiva, la cultura de la intolerancia en el tránsito que se ha normalizado hasta la médula. Cuando un incidente de tránsito se convierte en una persecución de doce minutos que termina en asesinato, hay algo profundamente descompuesto en el tejido social de una nación.
El Episcopado Dominicano lo calificó de «vergonzoso». FINJUS exige acción firme. La procuradora Yeni Berenice habla de un punto de inflexión. Todos tienen razón. Pero en este país hemos tenido demasiados «puntos de inflexión» que no inflexionan nada. El problema es que reaccionamos al horror, lo condenamos con elocuencia, celebramos las capturas —siete acusados detenidos, el principal todavía prófugo— y luego, cuando la próxima noticia desplaza a ésta, volvemos exactamente al mismo lugar.
Lo que se necesita no es retórica, sino voluntad política sostenida. Empadronamiento obligatorio de motocicletas, examen de conducción real y efectivo, puntos de registro en cada municipio, coordinación entre el Ministerio de Interior, el INTRANT y la Policía Nacional. Y, sobre todo, consecuencias reales para quien use una motocicleta como arma o como escudo de impunidad. La ministra Faride Raful lo dijo esta semana: el Estado solo no puede. Cierto. Pero el Estado sí tiene que liderar, porque nadie más puede hacerlo.
Deivy Carlos Abreu Quezada tenía una familia, tenía un trabajo que cumplía recogiendo la basura que otros generan. Merecía llegar a casa. La República Dominicana le debe, al menos, que su muerte no sea en vano.
