SANTO DOMINGO — Miércoles, 1 de julio de 2026. La reforma a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos superó su último trámite en el Congreso. El Senado aprobó en única lectura las modificaciones que le había introducido la Cámara de Diputados, con lo que la pieza queda lista para pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
La normativa crea una contribución especial obligatoria para las personas jurídicas, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos que reporten ingresos a Impuestos Internos, con aportes escalonados según sus ingresos y destinados a un fondo para la gestión de los desechos. También contempla el desmonte progresivo del uso del foam.
La aprobación se produjo pese al rechazo de amplios sectores empresariales —Conep, AIRD y Asonahores, entre otros— que cuestionaron el procedimiento de urgencia y advirtieron sobre el alza de costos y la inseguridad jurídica de modificar la ley apenas seis meses después del último cambio.
Con el aval de ambas cámaras, la suerte final de la reforma queda ahora en manos del presidente Luis Abinader, quien puede promulgarla u observarla. El plazo de pago vinculado a la normativa vigente, que vencía el 30 de junio, había añadido presión al debate.
El desenlace legislativo cierra un pulso de semanas entre la urgencia recaudatoria y la exigencia de un debate técnico más amplio, y abre ahora la interrogante sobre cómo se implementará una ley de hondo impacto económico y ambiental.
