SANTO DOMINGO — Lunes, 29 de junio de 2026. La reforma a la Ley de Residuos Sólidos llegó este lunes a la Cámara de Diputados, incluida en la agenda de una sesión extraordinaria, en medio de un intenso debate y del rechazo de amplios sectores empresariales. La prisa tiene una fecha detrás: el primer plazo de pago establecido en la normativa vigente vence el 30 de junio.
El proyecto, aprobado de urgencia por el Senado, crea una contribución especial obligatoria para todas las personas jurídicas, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El aporte se vincula al nivel de ingresos: las empresas que facturan hasta cinco millones de pesos pagarían RD$3,500, mientras que las que superan los 500 millones tendrían que aportar RD$675,000.
Los recursos se destinarían a un fondo para mitigar los efectos del manejo de residuos y desarrollar un sistema de gestión integral. El Poder Ejecutivo observó además la pieza e incorporó el desmonte progresivo del uso del foam (poliestireno) en el país.
El rechazo ha sido amplio. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) advirtieron sobre los riesgos de aprobar leyes de urgencia sin un estudio técnico adecuado, y alertaron sobre el alza de costos y la inseguridad jurídica que genera modificar la norma apenas seis meses después del último cambio.
Mientras los diputados deciden, el país observa el pulso entre la urgencia recaudatoria —con el plazo del 30 de junio encima— y la exigencia de los sectores productivos de un debate técnico más amplio sobre una normativa de hondo impacto económico y ambiental.
