SANTO DOMINGO — Miércoles, 17 de junio de 2026. El presidente Luis Abinader depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley para transformar la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en un organismo autónomo y descentralizado con mayores facultades para investigar y sancionar a los funcionarios del Estado dominicano.
La nueva entidad se denominaría Dirección de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG) y dispondría de independencia administrativa, funcional, financiera, organizativa y técnica, atribuciones de las que carece la institución actual. La directora de la Dirección de Ética, Milagros Ortiz Bosch, sostuvo que la intención del Ejecutivo es dotar a la institución de «una capacidad financiera y administrativa que no tiene» en el presente.
«Crea un sistema de integridad y transparencia, ya deja de ser medidas aisladas; es un sistema que crea una visión, una manera de funcionar todos juntos, para cumplir la misión de promover la transparencia pública, prevenir la corrupción y garantizar el acceso a la información», declaró Ortiz Bosch a reporteros en los pasillos del Senado.
Una de las novedades más significativas de la propuesta es el régimen sancionador administrativo que se le conferiría a la nueva Dirección. De convertirse en ley, la DIGITEG podría destituir del cargo a empleados públicos, inhabilitar temporalmente a funcionarios para ocupar cargos en el Estado por un período de hasta cinco años, e imponer multas de hasta 30 salarios mínimos por faltas graves. También tendría potestad para ordenar suspensiones de hasta 60 días sin disfrute de sueldo, así como emitir amonestaciones escritas de carácter público o privado.
Las conductas tipificadas como faltas en el proyecto de ley van desde la filtración dolosa de datos personales o de identidad de denunciantes protegidos, el ocultamiento intencional de información pública, la destrucción o manipulación de evidencias, hasta la participación en decisiones estando incurso en un conflicto de interés no declarado y el incumplimiento de la obligación de confidencialidad. La protección de los denunciantes es uno de los ejes de la iniciativa legislativa.
En cuanto al liderazgo de la institución, el proyecto establece que el director de la DIGITEG sería designado por el presidente de la República por un período de cuatro años, renovable una vez, sin posibilidad de ser removido antes de que concluya su mandato. Esta garantía de estabilidad busca aislar la función de fiscalización ética del vaivén político.
